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El 2023 se perfila como un año decisivo para las infraestructuras judiciales en la provincia de Valencia. Con una inversión de más de 270 millones de euros prevista por el Plan de Infraestructuras de la Conselleria de Justicia, se trata de una apuesta considerable por mejorar y expandir las instalaciones judiciales. En particular, se destinan 44 millones de euros para comenzar la construcción de nuevas sedes en toda la Comunidad Valenciana, destacando las partidas para ciudades como Alzira, Llíria, y Torrent.
La Conselleria no solo está enfocada en nuevas edificaciones, sino también en la reforma y mejora de accesibilidad y eficiencia energética de las instalaciones existentes. Un presupuesto de 21,61 millones de euros irá dedicado a las rehabilitaciones necesarias, resaltando proyectos significativos en la Ciudad de la Justicia de Valencia y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
Proyectos destacados incluyen la licitación para servicios de arquitectura en Xàtiva y el inicio de las obras de la nueva Ciudad de Justicia de Alicante, que se espera asciendan a 85 millones de euros. También, las reformas en los juzgados de Sagunt y los trabajos para la ampliación en localidades como Denia reflejan la magnitud de la inversión planeada.
Con el avance tecnológico, Valencia también mira hacia la digitalización judicial como un pilar fundamental para modernizar el sistema. En 2025, el despliegue del sistema de gestión procesal JUST@CV jugará un papel crucial, permitiendo un manejo más eficiente y transparente de los procedimientos judiciales con una participación superior al 84% de los órganos judiciales en la Comunidad Valenciana.
Iniciativas como la digitalización del Registro Civil a través de la plataforma DICIREG y la preservación digital del patrimonio documental reflejan el compromiso por mejorar el acceso y la tramitación electrónica. Esfuerzos como estos no solo optimizan el tiempo y los recursos, sino que también refuerzan la confianza en el sistema judicial como base de la convivencia democrática.
Se espera que la modernización incluya la incorporación de nuevas tecnologías en el día a día de los procedimientos judiciales, con la creación de espacios físicos dedicados a la mediación y la implementación de oficinas judiciales bajo la nueva Ley de Eficiencia.
El futuro de la gestión judicial en Valencia se presenta prometedor con significativas inversiones en infraestructura y digitalización. Estas mejoras pretenden ofrecer un sistema más eficiente, accesible y transparente para el público en general. La modernización no busca solamente construir nuevas sedes, sino también implementar tecnologías que permitan un acceso más equitativo a la justicia.
Para los ciudadanos, esto se traduce en un sistema judicial que responde de manera ágil y eficaz a las necesidades actuales, abriendo el camino para una mayor confianza y participación en los procesos judiciales.
Desde una perspectiva técnica, el compromiso de Valencia con la modernización judicial abarca tanto la arquitectura como la tecnología de la información. Proyectos como el despliegue de JUST@CV y la digitalización del Registro Civil son ejemplos de cómo la tecnología puede integrarse para mejorar la eficiencia operativa, uno de los retos más significativos en la gestión de justicia en la actualidad.
La implementación de la Ley de Eficiencia ofrece una oportunidad para reestructurar y optimizar la carga de trabajo en las distintas secciones judiciales, apostando por una cogobernanza que asegure adaptabilidad y resiliencia ante futuros desafíos. Para una comprensión más profunda, te invitamos a leer sobre nuestras innovaciones en procuraduría jurídica.
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