Copyrights. Ibañez- Procuradores ,
2026. Todos los derechos reservados.
La digitalización de la Administración de Justicia ha transformado radicalmente la forma en que los procuradores ejercen la representación procesal. El sistema LexNet y la implantación de notificaciones electrónicas obligatorias han aportado agilidad y eficiencia, pero también han generado dudas interpretativas sobre el cómputo de plazos y la aplicación de instituciones clásicas como el día de gracia. Esta guía aborda de forma práctica los aspectos esenciales que todo procurador debe dominar para desenvolverse con seguridad en el orden contencioso-administrativo.
El marco normativo actual combina las disposiciones de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común, con las reglas procesales de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) y la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA). Esta coexistencia de normas genera fricciones que solo una comprensión profunda de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional permite resolver. Acompáñenos en este recorrido práctico diseñado para dotar al profesional de las herramientas necesarias frente a los desafíos cotidianos de la tramitación electrónica.
El Real Decreto 1065/2015 estableció la obligatoriedad para los procuradores de utilizar sistemas electrónicos en sus comunicaciones con la Administración de Justicia. La notificación se entiende realizada al día siguiente de la fecha de recepción en el servicio común organizado por el Colegio de Procuradores, tal como confirmó la Sala Tercera del Tribunal Supremo en sentencias como la de 6 de octubre de 2015 (rec. 2088/2014). La clave reside en distinguir entre la entrega del acto de comunicación en el buzón virtual y la fecha en que este se considera efectivamente recibido.
Cuando el acto de comunicación se recibe antes de las 15:00 horas, la fecha de recepción coincide con la de entrega. Si el envío se produce después de esa hora, la recepción se pospone al día hábil siguiente. Esta regla temporal resulta esencial para calcular correctamente los plazos procesales y evitar inadmisiones por extemporaneidad. La STS 806/2021, de 7 de junio, subrayó que la ausencia de acceso al buzón virtual por parte del procurador no obsta a la eficacia de la notificación, pues la naturaleza del sistema exige una consulta diaria como parte inherente al ejercicio profesional.
El Tribunal Constitucional, en su STC 6/2019 de 17 de enero, avaló la constitucionalidad de este sistema, descartando que la carga de acceder diariamente a LexNet resulte desproporcionada. Para el máximo intérprete constitucional, se trata de una consecuencia natural del ejercicio de una actividad profesional continuada y no vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución.
El artículo 162.2 de la LEC concede al abogado un plazo de tres días hábiles para acceder al contenido de la notificación electrónica. Este margen introduce diferencias sustanciales respecto al régimen aplicable a los procuradores. Si el abogado no accede durante ese plazo, la notificación se entiende realizada al día siguiente hábil a la finalización del mismo. Por el contrario, si accede al contenido durante esos tres días, la notificación se perfecciona al día siguiente hábil al del acceso, conforme a la STS 158/2022, de 17 de febrero (rec. 2669/2019).
Una cuestión que ha suscitado debate es si estos plazos deben computarse como días hábiles o naturales. Del tenor literal del precepto y de la regla general del artículo 133.2 de la LEC se desprende que el cómputo debe realizarse en días hábiles, excluyendo sábados, domingos y festivos. Esta interpretación protege al profesional y garantiza el derecho al descanso consagrado en el artículo 40.2 de la Constitución, tal como afirmó el Tribunal Constitucional en su STC 113/2020, de 22 de septiembre.
La siguiente tabla resume las diferencias entre el régimen de notificaciones para procuradores y abogados en el sistema electrónico:
| Aspecto | Procurador | Abogado |
|---|---|---|
| Obligación de consulta | Diaria o casi diaria | No existe obligación de frecuencia |
| Plazo de acceso | Inmediato (mismo día de recepción) | Tres días hábiles |
| Fecha de notificación | Día siguiente a la recepción | Día siguiente al acceso o a la finalización del plazo de tres días |
| Normativa principal | Artículos 151.2, 154 y 162.1 LEC | Artículo 162.2 LEC |
El artículo 46 de la LJCA establece un plazo de dos meses para interponer el recurso contencioso-administrativo. La forma en que se calcula este plazo y su interacción con las normas de la LEC ha generado una notable conflictividad. La regla general del artículo 133.2 de la LEC ordena que los plazos señalados por días se computen como hábiles, excluyendo sábados, domingos y festivos, una pauta que también rige para los plazos establecidos por meses o años.
Un aspecto fundamental que todo procurador debe conocer es la fecha de inicio del cómputo. Los plazos comienzan a correr desde el día siguiente a la notificación del acto impugnado. Si el último día del plazo es inhábil, se prorroga automáticamente al primer día hábil siguiente, un principio general que opera también en la jurisdicción contencioso-administrativa. La correcta aplicación de estas reglas puede marcar la diferencia entre la admisión o inadmisión de un recurso.
El artículo 135.5 de la LEC dispone que la presentación de escritos sujeta a plazo podrá efectuarse hasta las quince horas del día hábil siguiente al del vencimiento. Esta previsión, conocida como día de gracia, ha sido objeto de controversia en el orden contencioso-administrativo debido a la aparente tensión con el artículo 128 de la LJCA, que proclama la improrrogabilidad de los plazos.
La cuestión radica en determinar si el artículo 128 de la LJCA regula de forma completa la materia, excluyendo la aplicación supletoria de la LEC, o si, por el contrario, el día de gracia constituye una norma procesal general aplicable a todos los órdenes jurisdiccionales. El Tribunal Supremo ha resuelto esta duda en favor de la aplicación del artículo 135 de la LEC en sentencias como las de 25 de noviembre de 2003, 2 de diciembre de 2003, 15 de junio de 2004 y 10 de junio de 2008.
La Ley 42/2015, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, zanjó la cuestión al confirmar expresamente la aplicación del término de gracia incluso cuando la presentación se realice por medios electrónicos, al incluir la fórmula «cualquiera que fuera la forma». Con posterioridad, la STS 2283/2016, de 25 de octubre, y la STS 88/2021, de 28 de enero, han ratificado que el día de gracia resulta plenamente aplicable al plazo de dos meses para los escritos de interposición del recurso contencioso-administrativo.
A pesar de la contundente doctrina del Tribunal Supremo, algunos órganos judiciales de instancia han mantenido posturas contrarias a la aplicación del día de gracia. El Auto del TSJ de Valencia de 9 de marzo de 2022 constituye un ejemplo paradigmático de esta corriente interpretativa. Dicha resolución sostiene que el artículo 135 de la LEC ha perdido vigencia porque su fundamento era facilitar la presentación cuando no era posible hacerlo durante la tarde del último día del plazo, circunstancia que desaparece con el sistema LexNet.
Esta interpretación, sin embargo, resulta cuestionable jurídicamente. La derogación tácita de una norma exige una incompatibilidad manifiesta con otra posterior, algo que la STS 1399/2020, de 26 de octubre, descarta en el caso del día de gracia. La Ley 42/2015 confirma su vigencia de forma inequívoca y la doctrina del Tribunal Supremo constituye jurisprudencia vinculante que los órganos inferiores deben observar. Desconocer el día de gracia supone inadmitir recursos presentados en plazo legal y compromete el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución.
Para minimizar riesgos procesales, el procurador debe adoptar una serie de precauciones en su práctica diaria. La primera y más elemental consiste en consultar el buzón de LexNet con frecuencia diaria, especialmente en las primeras horas de la mañana, para identificar las notificaciones recibidas la tarde anterior y calcular correctamente los plazos. Un simple retraso en la consulta puede provocar la firmeza de resoluciones adversas para el cliente.
En segundo lugar, es imprescindible verificar siempre la fecha y hora exacta de recepción de cada notificación, conservando los resguardos acreditativos que genera el sistema. Estos comprobantes constituyen la prueba de cuándo se produjo la comunicación y pueden resultar determinantes en caso de controversia sobre la extemporaneidad de un escrito. La STS de 9 de junio de 2014 (rec. 2600/2013) dejó claro que el resguardo acreditativo es el documento que certifica la llegada de la comunicación al servicio del Colegio de Procuradores.
La Ley del Procedimiento Administrativo Común regula en sus artículos 40 a 46 un sistema de notificaciones electrónicas que presenta diferencias relevantes con el régimen procesal. En el ámbito administrativo, la notificación se practica preferentemente por medios electrónicos y se entiende cumplida con la puesta a disposición en la sede electrónica o en la dirección electrónica habilitada única. El artículo 43 establece que si transcurren diez días naturales sin acceder al contenido, la notificación se considera rechazada.
Para el procurador que asesora al cliente durante la fase administrativa previa, es crucial conocer que el sistema de avisos por correo electrónico o SMS no sustituye la notificación, sino que solo la complementa. La ausencia de aviso no invalida la notificación practicada. Además, el artículo 40.4 de la Ley 39/2015 establece que, a los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración del procedimiento, basta con que la notificación contenga el texto íntegro de la resolución y conste el intento de notificación debidamente acreditado.
La conexión entre el acto administrativo y el posterior proceso judicial exige al procurador verificar el correcto agotamiento de la vía administrativa y la fecha exacta de notificación del acto impugnado. Un error en esta fase puede arrastrarse al proceso contencioso-administrativo y determinar la inadmisión del recurso por extemporaneidad o falta de agotamiento de la vía previa.
Los errores en el cómputo de plazos constituyen una de las principales causas de inadmisión de recursos en la jurisdicción contencioso-administrativa. Una inadmisión por extemporaneidad impide al justiciable obtener un pronunciamiento sobre el fondo de su pretensión y puede generar una lesión irreversible de su derecho a la tutela judicial efectiva. De ahí la importancia de extremar las precauciones en la gestión de los plazos procesales.
El recurso ante el Tribunal Constitucional por vulneración del artículo 24 de la Constitución es la vía de protección última frente a inadmisiones indebidas. La doctrina constitucional exige a los órganos judiciales aplicar el principio pro actione y evitar interpretaciones excesivamente formalistas que sacrifiquen el derecho de acceso a la justicia. La negativa a aplicar el día de gracia, contrariando la doctrina del Tribunal Supremo, podría constituir un supuesto de vulneración de este derecho fundamental.
Si usted es un cliente que ha confiado su asunto a un procurador, debe saber que el sistema de notificaciones electrónicas ha modernizado el funcionamiento de los juzgados pero también ha complicado el cálculo de los plazos. Su procurador recibe las notificaciones a través de una plataforma denominada LexNet, similar a un correo electrónico seguro, y dispone de reglas muy precisas para determinar cuándo empiezan a contar los días para cada trámite.
La buena noticia es que la ley contempla ciertas garantías para evitar que se pierdan derechos por ajustes de última hora. Por ejemplo, existe una figura conocida como «día de gracia» que permite presentar un escrito hasta las tres de la tarde del día siguiente al vencimiento del plazo. Aunque algunos juzgados han cuestionado esta posibilidad, los tribunales superiores la han confirmado, por lo que su procurador cuenta con herramientas para defender sus intereses incluso en situaciones ajustadas de tiempo.
La correcta articulación del sistema de notificaciones electrónicas con las reglas de cómputo de plazos exige un dominio de la interacción normativa entre la LEC, la LJCA y la Ley 39/2015. La doctrina del Tribunal Supremo ofrece un sólido respaldo para sostener la plena vigencia del día de gracia del artículo 135.5 de la LEC en el orden contencioso-administrativo, incluida la interposición del recurso en los dos meses previstos en el artículo 46 de la LJCA. La STC 6/2019 y la STC 113/2020 proporcionan cobertura constitucional adicional a todo el sistema.
Frente a resoluciones de instancia que pretendan desconocer esta doctrina con argumentos basados en una supuesta derogación tácita, el profesional debe articular los correspondientes recursos apoyándose en la jurisprudencia consolidada y, en su caso, en la vulneración del artículo 24 de la Constitución. La conservación de los resguardos electrónicos, la consulta diaria del buzón y el conocimiento exhaustivo de las reglas de cómputo constituyen las mejores herramientas para prevenir contingencias procesales y garantizar la efectividad de la representación que el procurador ostenta.
Experiencia en Civil, Familia, Mercantil y Contencioso-Administrativo en Valencia. Confíe en Ibañez-Procuradores para su gestión judicial eficaz y profesional.